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No hablar español, el ‘delito’ de los indígenas

El año pasado 8,502 indígenas fueron encarcelados porque al no hablar español no pudieron defenderse, o entender, de qué los acusaban

CNN / 12 - octubre - 2013 0
Solo el 10% de los indígenas encarcelados injustamente en el país son mujeres. / Cortesía

Solo el 10% de los indígenas encarcelados injustamente en el país son mujeres. / Cortesía

CIUDAD DE MÉXICO.- Saber en español solo las palabras “sí” o “no” les costó a 8,502 indígenas ser encarcelados injustamente durante 2012, al no saber defenderse ante un Ministerio Público, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

“Porque no tuvieron un traductor en su momento y nada más se dedican a decir ‘sí’ o ‘no’ en su momento y son juzgados porque dieron su declaración y dijeron que sí, se los llevan”, explica Nubia Mayorga, titular del CDI.

Con el programa de Excarcelación de presos, la CDI ha logrado liberar en lo que va del año a cerca de 1,000 indígenas -de entre 18 y 40 años, analfabetos o solo con estudios de primaria- acusados injustamente y que no pudieron defenderse por no hablar español. Otros no salían por no tener el dinero para pagar la fianza “de entre 5,000 y 12,000 pesos”, comenta la funcionaria.

La funcionaria no precisó el porcentaje de los casos en que la encarcelación se dio por motivos de falta de un traductor o de una defensa.

Actualmente hay 5 millones 100,000 indígenas en situación de pobreza; de esos 2 millones 500,000 están en pobreza extrema, según el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales (Coneval).

El programa tiene cobertura nacional a través de las unidades administrativas de la CDI en los estados, ahí se atiende a petición de parte o mediante las solicitudes que se reciben de instituciones –como organismos de derechos humanos–, familiares o el indígena encarcelado.

Para 2013, el programa tuvo un presupuesto de 26.8 millones de pesos, para el pago de fianzas, otorgar 2,462 asesorías, realizar 26 peritajes y contratar a 259 intérpretes.

No hay un tipo de delito por el que las personas indígenas estén presas con mayor incidencia en particular. Las acusaciones son por delitos tanto del fuero común como del federal, por delitos contra la vida y la integridad física, por delitos patrimoniales, contra la salud o por cuestiones de ataques sexuales, detalla Mayorga.

Este fue el caso de los indígenas nahuas de Puebla José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes en 2012 fueron sentenciados a seis años de cárcel por el robo de una camioneta, del cual no pudieron defenderse por no hablar español. Tras 10 meses en prisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo liso y llano que los sacó de prisión y en el que se reconoció que hubo violaciones al debido proceso, ya que no contaron con traductores.

“El derecho al traductor o intérprete no se cumple a menos que se cuente con interlocutores que puedan facilitar una verdadera comunicación intercultural” y que la defensa del inculpado sea efectiva, según un el diagnóstico El acceso a la justicia para los indígenas en México. Caso Oaxaca, publicado en 2007 por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Oaxaca, junto con Chiapas y Guerrero, es uno de los estados en los que la CDI tiene más casos de indígenas encarcelados, aún cuando el artículo 32 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, dicta que “el Estado, por conducto de la Secretaría de Asuntos Indígenas, en coordinación con el Ministerio Público, vigilará la eficaz protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde el inicio de las averiguaciones previas hasta la consignación de los casos, cerciorándose que aquellos cuenten oportunamente con la asistencia de traductores bilingües y de defensores de oficio”.

La titular de la CDI dijo que lo ideal sería que en los Ministerios Públicos hubiera intérpretes pero esto no ocurre. “Hay algunos casos en donde no hace su trabajo quien lo tendría que hacer en la función que le corresponde, en este caso en los Ministerios Públicos. Es muy fácil meterlos a la cárcel, esa injusticia no se puede dar”, dijo Mayorga.

Pero no todos los casos se solucionan con una fianza. Uno emblemático es el del maestro Alberto Patishtán, quien fue detenido en el 2000 por presuntamente participar en una emboscada en la que murieron siete policías en Chiapas. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) han lamentado las “graves irregularidades” en su juicio.

El pasado 13 de septiembre un tribunal de Chiapas rechazó el recurso presentado por la defensa del profesor de la etnia tzotzil, con lo que se agotaron sus opciones dentro del sistema de justicia mexicano.

“Es motivo de profunda preocupación que el sistema de justicia tome la decisión de ignorar las graves irregularidades del proceso contra Alberto Patishtán y mantenga la negación del derecho a un juicio justo”, expuso AI en un comunicado tras la resolución del juez.

En 2010 tres mujeres indígenas, Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, fueron liberadas luego de casi cuatro años en prisión acusadas por presuntamente secuestrar a seis agentes federales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que hubo inconsistencias en el proceso que condujo a su detención.

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